Este verano, en Bardenas, un hombre mayor volvió a su huerto y se encontró con la cosecha arrancada, la tierra pisoteada y los tomates tronchados. No fue un robo de los que salen en el telediario. No hubo violencia, ni heridos, ni una cifra de dinero que impresione a nadie. Y sin embargo, para él, fue devastador.
Ese huerto no era un negocio. Era una rutina de esfuerzo físico incluso de rodillas, me confesaba, con la espalda ya castigada por los años sostenida durante meses para ver crecer algo con las propias manos. Cuando me lo contaba, no hablaba de pérdidas económicas. Hablaba de impotencia. De la rabia de encontrar destrozado, en un minuto, lo que a él le había costado semanas de dolor de espalda y paciencia. Sus propios hijos le insisten en que lo deje, que no merece la pena seguir.
Porque ahí está la trampa de fondo. El sistema que archiva, el juzgado que valora, y la estadística que se publica solo entiende de euros. Un huerto arrasado «no vale mucho» en una tasación. No hay un baremo para el desgarro de ver pisoteado lo que uno ha plantado con las manos y con dolor. No hay una casilla para la humillación de saber que, mientras se destrozaba ese esfuerzo, la mujer del delincuente estaba tranquilamente disfrutando en las piscinas de Bardenas, sin la más mínima sensación de estar haciendo algo grave. Esa impunidad con desparpajo es en sí misma una forma de violencia, aunque no deje un solo moretón. Subió a Bardenas con su mujer, la dejo en las piscinas y él se fue a robar.
Y aquí conviene hacer una pregunta incómoda que rara vez se plantea en público: ¿cuántos de estos hechos llegan realmente a las estadísticas oficiales de criminalidad?
Existe un fenómeno bien documentado en criminología, la llamada «cifra negra» del delito: la distancia entre los delitos que de verdad ocurren y los que terminan registrados. Cuando una víctima decide no denunciar porque le dicen que «no hace falta«, porque el trámite es largo para un daño que nadie va a reparar, porque intuye que no habrá consecuencias, ese hecho simplemente desaparece de los datos.
Y con datos incompletos, resulta muy fácil presumir de que en Ejea no pasa nada
La seguridad rural no se puede medir solo por la ausencia de sangre en los titulares. Se mide también por si un hombre mayor puede ir a su huerto sin miedo, y por si el sistema es capaz de reconocer que hay daños que, aunque no tengan precio, sí tienen nombre: humillación, esfuerzo destruido, impunidad tolerada. De estos delitos nadie habla.
La alcaldesa de Ejea de los Caballeros no habla de esto, esto no tiene importancia. Teresa Ladrero, habla de drogas, presume estos días de una cifra que debería generar preocupación antes que aplausos: los decomisos de droga en las calles del municipio han pasado de 16 en 2024 a 65 en 2025, y ya superan el centenar solo entre enero y septiembre de 2026. (ver video en su Facebook) Cuadruplicar una cifra en apenas dos años no es un motivo de orgullo. Que Ejea es un gran nódulo de entrada y distribución de drogas es harto sabido desde hace años, pero si ha habido detenidos incluso en los Institutos, ¿Qué nos viene a contar ahora?
Hay dos lecturas posibles, y ninguna es cómoda para ella y su equipo de gobierno si lo tuviera.
O bien el problema del narcomenudeo en Ejea ha crecido de forma explosiva y solo ahora se está empezando a atajar lo que significa que durante años se permitió crecer sin control, o bien la Policía Local llevaba tiempo sin la capacidad, los medios y la voluntad de intervenir con eficacia, y lo que hoy se vende como éxito operativo es en realidad el reconocimiento tardío de una negligencia acumulada.
Ninguna de las dos opciones encaja con el relato triunfalista de «más eficiencia».
La seguridad en un municipio pequeño no se mide solo por ausencia de titulares de sangre. Ejea no tiene tiroteos ni asesinatos que salgan en los informativos nacionales constantemente, usar esto como coartada para minimizar el problema es mezquino.
La inseguridad de baja intensidad, el menudeo en conocidos bares locales, los altercados nocturnos, los hurtos reiterados, el robo continuo zonas en obra, las naves reventadas en el polígono desgastan la convivencia de un pueblo de 17.000 habitantes de una manera mucho más profunda y cotidiana que un gran suceso aislado. Es el tipo de deterioro que no cierra telediarios, pero sí genera desconfianza vecinal y sí convierte «vivir tranquilo en un pueblo» en una promesa incumplida.
Que el propio gobierno municipal presente el aumento de un 300% en incautaciones como un logro de gestión, sin explicar por qué esas cantidades no se detectaban antes, es un ejercicio de comunicación política patético. Una unidad canina, más controles de acceso y charlas en institutos son medidas razonables, pero no son un plan: son parches reactivos ante un problema que, por las propias cifras oficiales, lleva tiempo fuera de control.
Presumir de la magnitud del hallazgo sin asumir la magnitud del fallo previo no es transparencia. Es relato.
