Cuando la información deja de fiscalizar al poder y empieza a depender de él
El pasado 3 de mayo fue el día mundial de la libertad de prensa y, por ello, conviene una sucinta reflexión aplicada a Ejea y Comarca.
Una democracia local sana no se mide únicamente por la existencia de elecciones periódicas o por la presencia formal de medios de comunicación. Se mide, sobre todo, por la calidad del ecosistema crítico que rodea al poder. Y cuando ese ecosistema comienza a deteriorarse, cuando la información se transforma progresivamente en una herramienta de propaganda amable, la sociedad entra en una zona de riesgo institucional que conviene señalar con serenidad, pero también con claridad.
En Ejea y en buena parte de la comarca llevamos años asistiendo a una realidad que muchos ciudadanos perciben, comentan en privado y raramente verbalizan en público: la creciente dependencia económica de determinados medios respecto de las instituciones que, precisamente, deberían vigilar. No se trata de cuestionar la dignidad profesional de nadie ni de negar las enormes dificultades que atraviesa el periodismo local en un contexto económico extremadamente complejo. Esa precariedad existe y merece ser comprendida. Pero precisamente por ello resulta todavía más importante preservar la independencia informativa como un principio irrenunciable.
El problema aparece cuando la financiación institucional deja de ser una herramienta objetiva de apoyo a la comunicación pública y pasa a convertirse, de facto, en un mecanismo de alineamiento político. Ahí la frontera ética comienza a desdibujarse peligrosamente. Porque cuando quien paga condiciona el relato, aunque sea de forma indirecta, la información pierde parte de su función democrática y se convierte en acompañamiento del poder.
La estrategia, además, es fácilmente reconocible: amplificación constante de los mensajes oficiales, tratamiento extraordinariamente benevolente hacia determinadas actuaciones institucionales, silencios selectivos sobre asuntos incómodos y una evidente asimetría en el tratamiento de quienes discrepan o ejercen oposición. No hace falta recurrir a la censura explícita para moldear la percepción pública; basta con decidir qué se destaca, qué se minimiza y qué simplemente desaparece del foco informativo.
Y ese es quizá el fenómeno más preocupante: no hablamos únicamente de noticias favorables o desfavorables, algo legítimo dentro de cualquier línea editorial, sino de la construcción gradual de un marco narrativo donde determinados actores políticos son sistemáticamente legitimados mientras otros son reducidos a caricaturas, invisibilizados o presentados exclusivamente desde perspectivas negativas.
Un concejal sin acta
Cuando eso ocurre de manera continuada, el medio deja de comportarse como un contrapoder democrático y empieza a actuar como un actor político más. Como una prolongación comunicativa del poder institucional. Como un concejal sin acta que participa activamente en la conservación de determinadas estructuras de influencia.
La consecuencia no es menor. Una ciudadanía que recibe información incompleta, filtrada o excesivamente orientada pierde capacidad de formar criterio propio. Y sin ciudadanos críticamente informados no existe democracia plena, aunque se mantengan intactos todos los procedimientos formales.
Las democracias no suelen deteriorarse de golpe. Normalmente lo hacen mediante pequeñas normalizaciones: la autocensura silenciosa, el miedo a perder subvenciones o campañas institucionales, la comodidad del acceso privilegiado al poder, la penalización al discrepante y la creación de entornos donde cuestionar determinadas dinámicas parece casi una incorrección social.
Por eso conviene reivindicar algo esencial: las instituciones públicas no están para financiar adhesiones políticas encubiertas ni para construir relatos complacientes sobre sí mismas. El dinero público debe administrarse con transparencia, objetividad y pluralismo, especialmente cuando afecta a la comunicación y a la formación de opinión pública.
Defender medios independientes no es atacar al periodismo. Es exactamente lo contrario: proteger su función democrática. Porque el buen periodismo no está para aplaudir al poder, sino para someterlo permanentemente al escrutinio público. Y quien confunde crítica con deslealtad probablemente ha terminado entendiendo la institución como patrimonio propio y no como un servicio temporal a la ciudadanía.
La democracia local necesita menos propaganda institucional y más pluralidad real. Más preguntas incómodas y menos unanimidades artificiales. Más ciudadanos informados y menos relatos dirigidos. Porque cuando la información se acomoda demasiado cerca del poder, lo que se erosiona no es únicamente la credibilidad de un medio: lo que termina debilitándose es la calidad democrática de toda una comunidad.
