“El expediente pulula por el Ayuntamiento desde 2024”
El pleno ordinario celebrado el lunes 3 de noviembre en Ejea de los Caballeros dejó una escena tan insólita como preocupante. Bajo el aparente trámite de una moción, el debate destapó una grieta institucional de calado: la filtración a un medio de comunicación (Heraldo de Aragón) de documentación interna y reservada del Ayuntamiento, aún no dictaminada ni aprobada.
La iniciativa partió de ASIEJEA, grupo independiente que denunció la gravedad del hecho y presentó una moción detallada para esclarecerlo. Según Cruz Díez, la filtración vulnera “no solo la ética pública, sino también el ordenamiento jurídico”, recordando la posible aplicación del artículo 417 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos por parte de funcionarios y cargos públicos, así como la infracción del RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD).
La moción de ASI EJEA: una llamada al orden institucional
La propuesta, cuidadosamente estructurada, planteaba incoar un expediente informativo interno para determinar el origen de la filtración, requerir informes a la Secretaría General y, si procedía, a la Delegación de Protección de Datos, e implantar protocolos de custodia documental y trazabilidad digital. También proponía suspender temporalmente el acceso general a expedientes no dictaminados y exigir la firma de cláusulas de confidencialidad a quienes manejan información sensible.
El texto insistía en que la transparencia “no puede confundirse con el descontrol” y que la administración local debe ser ejemplo de integridad, responsabilidad y legalidad. Sin embargo, el resultado de la votación fue claro: PSOE e IU se opusieron, bloqueando la moción.
Las declaraciones que dejaron al pleno sin aliento
Lo más desconcertante no fue la votación, sino las palabras de la concejala y portavoz socialista, Dña. Juana Teresa Guilleme, que aspira a ser la próxima Alcadesa de Ejea. En respuesta a las preguntas sobre el origen de la filtración, afirmó que el expediente “pulula por el Ayuntamiento desde 2024”, sugiriendo que múltiples personas (funcionarios, políticos, empleados, cualquiera) habrían tenido acceso a él sin control efectivo, desviando su responsabilidad hacia los demás (ya nos tiene acostumbrados).
La subsodicha aseguró que “ella misma se quedó ojiplática” al conocer la publicación del documento en prensa, y zanjó el asunto con una frase que dejó perplejos a los asistentes: “No lo sé y yo no se lo diré”.
Extracto del pleno 03-11-2025. Intervención de portavoz Psoe
Las declaraciones, esperemos que sean reproducidas en el acta del pleno, ponen en entredicho la cadena de custodia documental y abren un nuevo frente político. Desde ASIEJEA se cuestiona cómo un expediente de carácter reservado pudo circular durante más de un año sin que se adoptaran medidas de control ni auditoría de accesos.
Responsabilidad política y posible dimensión penal
Varios juristas consultados tras el pleno coinciden en que el caso podría tener recorrido jurídico. La difusión de documentos internos con datos personales o valoraciones políticas no públicas podría vulnerar el artículo 18 de la Constitución, relativo al derecho al honor, intimidad y propia imagen, además de los deberes de secreto profesional previstos en la Ley 40/2015.
Desde ASIEJEA se está valorando la interposición de denuncias ante la institución correspondiente, previsiblemente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sin descartar la vía penal si se identifican responsabilidades individuales.
El choque político: transparencia versus control
El enfrentamiento evidenció la creciente tensión entre la mayoría gobernante (PSOE e IU) y la oposición independiente de ASIEJEA. Mientras los primeros minimizaron el alcance del incidente y pidieron “no hacer política con los errores administrativos”, ASIEJEA insistió en que “la transparencia no puede ser excusa para vulnerar la ley ni para filtrar información reservada con fines partidistas”.
La votación final (rechazo de la moción con los votos en contra del equipo de gobierno) ha dejado un regusto amargo en el salón de plenos. El episodio no solo erosiona la confianza institucional, sino que reabre el debate sobre la seguridad documental en las administraciones locales y la necesidad de profesionalizar los sistemas de gestión y acceso a la información pública.
Un daño difícil de reparar
Más allá del enfrentamiento político, el caso pone de relieve un problema estructural: la fragilidad de los mecanismos internos de custodia y control en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Ejea. “Cuando los documentos públicos acaban en manos indebidas, no se trata de un fallo técnico, sino de una quiebra de confianza en el propio sistema administrativo”, nos indica y resume un funcionario veterano que prefiere mantener el anonimato por posibles represalias el equipo de gobierno.
Mientras el Ayuntamiento debería buscar cómo contener el daño reputacional, en Ejea y Pueblos crece la sensación de que la crisis de la filtración ha marcado un antes y un después. Si finalmente se formalizan las denuncias y la investigación avanza, el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados de la política local de los últimos años.
